Por Miguel Jorquera
El nuevo Código Procesal Penal (CPP) para la Justicia federal y nacional ya es ley. Tras once horas de debate, la Cámara de Diputados ratificó con 130 votos a favor, 99 en contra y 2 abstenciones la media sanción del Senado que modificó el actual CPP. El nuevo procedimiento modifica el actual sistema inquisitivo por el acusatorio, establece la oralidad del proceso y que las causas deberán durar como máximo tres años, lo que incluye el máximo de un año para la investigación previa. La pesquisa pasará a manos de los fiscales, cuyas causas les serán adjudicadas por sorteo. El nuevo CPP también prevé sanciones si los jueces demoran los casos y se les dará más participación a las víctimas en los procesos aunque no sean querellantes: serán protegidas, podrán intervenir en el expediente y seguir con una acción privada si el fiscal desiste en la investigación. El proyecto del Ejecutivo también crea una comisión bicameral a través de la cual el Congreso va a monitorear la aplicación de la reforma.
Entre las 42 modificaciones que introdujo anteriormente la Cámara alta al texto original enviado por el Gobierno, se eliminó el concepto de “conmoción social” para decidir sobre la prisión preventiva. Y se atenuó las causales para la expulsión de extranjeros, que ahora se podrá realizar cuando éstos sean sorprendidos in fraganti cometiendo un delito que tuviera una pena mínima de tres años.
La oposición votó en contra del proyecto con tres argumentos centrales: que el nuevo procedimiento es una “maniobra” para darles “impunidad” a los funcionarios del Gobierno, la supuesta “discrecionalidad” y “poder” que se le otorga a la Procuración General y la falta de una discusión más extensa de la iniciativa.
La presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, salió al cruce de los cuestionamientos opositores en el cierre del debate. “Vamos a modernizar de una bendita vez este Código mixto. ¿Qué esperan, cuanto más quieren debatirlo? Igual no les alcanza nada”, comenzó Di Tullio.
“La Justicia es el único poder que no se actualizó con la llegada de la democracia. Está desprestigiada por una docena de jueces que tiene el poder absoluto”, continuó la diputada kirchnerista antes de señalar que “todos saben que hay jueces que cajonean causas”.
Luego, cargó contra los opositores. Los asoció a la defensa de las corporaciones, como la judicial, que acusan de corrupción sólo a la política. “De las 4000 cuentas bancarias no declaradas en el exterior, la mayoría son de empresarios poderosos. Hay un solo político (dijo sin nombrar a Alfonso Prat-Gay), que pertenece a una bancada que se la pasa denunciando de corrupción a los funcionarios”, sentenció Di Tullio, como anticipo del debate que continuaría en el recinto de la Cámara baja, sobre la creación de una comisión para investigar las cuentas suizas (ver página 6).
Debate
La bonaerense Graciela Giannettasio fue la miembro informante del oficialismo como presidenta de la Comisión de Justicia y sostuvo que la reforma “apunta a la celeridad, la oralidad, la publicidad y a simplificar los trámites”. Y lo contrapuso con el actual sistema inquisitivo, que “no cumple eficazmente sus funciones”, “se encuentra colapsado, no sirve al Estado ni al ciudadano, no favorece la persecución de los delitos ni el respeto por los derecho fundamentales”.
El actual sistema impone el “peor proceso de revictimización: no saber nunca qué pasa con la investigación; no saber cuándo va a terminar el proceso; no participar de la investigación; no tener oralidad; que es vivir degradado y no tener justicia”, insistió.
“El nuevo Código pone a la víctima en el centro de la escena”, continuó la diputada. Destacó además que “utiliza de manera rigurosa el esquema de libertad, garantía y la vigencia de los tratados internacionales”, así como la oralidad del proceso y “la necesidad de hacer pública la decisión (del juez) ante el imputado, víctima, sus representantes o querellantes en cada acto del proceso”.
La oposición desplegó sus críticas. “Ojalá que el Código no sea para otorgar mayor impunidad o aumentar cargos”, concluyó el diputado radical Manuel Garrido. El ex fiscal, que defendió el dictamen de la UCR (uno de los siete presentados por la oposición), cuestionó el incremento de personal y las nuevas facultades del procurador general, pero respaldó el sistema acusatorio y recordó el fallido intento del ex presidente Raúl Alfonsín por implementarlo. Garrido manifestó que su bloque en “líneas generales comparte” aspectos de la reforma, pero señaló que tiene varias reservas en cuanto a su contenido puntual.
El massismo cargó contra la procuradora general Alejandra Gils Carbó y enarboló su propio dictamen como una bandera de campaña electoral. “Pone énfasis en las víctimas y no en los delincuentes”, manifestó el diputado Oscar “Cachi” Martínez, que se encargó de hablar sobre el rechazo del Frente Renovador al proyecto. La procuradora “designó 502 empleados y sólo dos por concurso. ¿Cómo creerle que verdaderamente vamos a tener un ministerio público independiente?”, clamó Martínez. Luego aseguró que el proyecto massista “termina con la puerta giratoria”. Su compañera de bancada Graciela Camaño increpó al oficialismo: “Están muy preocupados por defender los derechos humanos de los delincuentes, yo quiero defender a los ciudadanos. No nos vengan a correr con la criminalización de la pobreza”.
En sintonía, el macrista Pablo Tonelli también le apunto a Gils Carbó: “Hay que restarle atribuciones discrecionales al procurador”, señaló para exigir que el jefe de los fiscales “no tenga la atribución de perseguir sólo a los enemigos del Gobierno”.
“Hacen falta normas complementarias para que este Código entre en vigencia con éxito: la ley de implementación, el Código Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Régimen Penal Juvenil y el de ejecución de penas”, dijo, pero no hizo mención a la negativa macrista de tratar el proyecto en cuya elaboración, entre otros, participó el jefe de su propio bloque, Federico Pinedo.
“Es un cambio que todos compartimos en general, que significa transparencia, publicidad, rapidez, acceso, el papel de la víctima y su necesaria protección”, afirmó el socialista Juan Carlos Zabalza, pero también se plegó al reclamo opositor: “Es urgentemente necesaria una ley de ministerio público que establezca los mecanismos de designación, de destitución y de control interno y externo sobre la acción de los fiscales”, reclamó.
“Se convoca a un debate académico para meter una fuerza operativa que garantice impunidad”, sumó Claudio Lozano (UP) y agregó: “Es una operación política dirigida a nombrar 1700 cargos designados por el Gobierno saliente adentro del Poder Judicial”.
La suerte ya estaba echada, el CPP se convertió en ley y todavía esperaba un largo debate sobre la conformación de una comisión investigadora de la evasión impositiva de las divisas que salieron del país.
Fuente: Diario Página 12