La Coalición Cívica Ari Neuquén repudió el fallo de la zona liberada al publicar en un comunicado de prensa en el que expresó: "Hay un principio básico que obliga a respetar y acatar los fallos de la justicia; como también es elemental que el servicio de justicia, debe tener un blindaje respecto de intereses sectoriales, empezando por los políticos partidarios. Cuando este último concepto no se cumple, es muy difícil cumplir con el primero.
Es imposible analizar la absolución del señor Jorge Sobisch, ex gobernador del Neuquén, fuera del contexto de colonización del Poder Judicial que ha realizado el MPN a través de sus gestiones gubernamentales, en particular durante las que ejerció el nombrado ex mandatario, mediante una masiva incorporación de magistrados en distintos jurisdicciones y niveles, todos -con muy escasas excepciones- con claros lazos con el partido del gobierno.
Un estigma que cargará la justicia neuquina, por décadas y lo sufrirán muchos y disfrutaran pocos.
Fuera de ese análisis, lo que ha quedado claro es que el caso de la “zona liberada” -en donde grupos de choque disfrazados de obreros de la construcción golpearon a manifestantes docentes, en Plaza Huincul- sigue sumando impunidad para actividades públicas y quienes la ejercen en la provincia del Neuquén.
En Plaza Huincul hubo hechos violentos concretos, que quedaron sin juzgamiento, sin responsables. Hubo organizaciones de choque o parapapoliciales que actuaron con sus métodos y hubo ausencia de policías que administraran los hechos dentro de los cauces legales. Todo se expuso en las audiencias, pero nadie pagó por ello. En todo caso, los únicos afectados fueron oficiales policiales que testimoniaron que hubo decisión política de que el conflicto debía resolverse así, con la rudeza de la fuerza.
Pero este caso, hay que contextualizarlo en la licencia para manejarse al margen y por sobre límites éticos y legales, que ha tenido y tiene el funcionariado del MPN. En su larga historia de sucesivos gobiernos, el MPN no registra más de cinco o seis funcionarios juzgados y condenados por malos desempeños. O estamos ante una excelsa y masiva manifestación de virtudes al servicio de lo público, o hay normas de impunidad cobijando a esta gente.
Seguimos sosteniendo que la sana convivencia se construye desde valores y principios, y que cuando quienes ejercen cargos públicos o militamos en política, tenemos trato diferenciado de parte de quienes deben juzgar conductas, lo que se genera es discriminación, resentimientos y violencias".
