Miércoles 18 sep, 2013
Tribunal: Leonidas Moldes (centro), a su derecha Richar Gallego, y a su izquierda Diego Barroetaveña. Foto gentileza Matías Subat.
El defensor del ex teniente coronel de Inteligencia que estuvo prófugo y ahora está preso en el penal de Marcos Paz, hizo la solicitud en la audiencia preliminar, y adelantó que declarará el primer día de debate. El cuarto juez que integrará el tribunal es Luis Gustavo Lozada. Las querellas requirieron que se revoquen las prisiones domiciliarias y que se incorporen testigos “de concepto”.
Esta tarde se realizó la audiencia preliminar del tercer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la región durante la dictadura cívico-militar (1976-1983). Se definieron cuestiones formales y relativas al material probatorio.
En principio se determinó que las primeras audienciaa serán el 17, 18, 31 de octubre y 1 de noviembre; y que Luis Gustavo Lozada fue designado como el cuarto juez que integrará el Tribunal junto con Leónidas Moldes (presidente), Diego Barroetaveña y Richar Gallego.
Los imputados son: el teniente coronel de Inteligencia Jorge Di Pasquale, Jorge Soza, quien se desempeñaba como segundo jefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal, Mario Gomez Arenas, jefe de Inteligencia del Destacamento 182, Luis Alberto Farías Barrera, jefe del personal del Comando, e Hilarión de la Pas Sosa, jefe de la Sección Sanidad de la Brigada de Infantería de Montaña VI.
Pablo Matkovich, defensor oficial asiste a Di Pascuale, de la Pas Sosa, Farías Barrera y Gomez Arena, mientras que Laura Giuliani, también defensora pública, representa a Soza.
Matkovich, solicitó que se exima a Di Pasquale de viajar a Neuquén, ya que se encuentra detenido en el penal de Marcos Paz. El abogado pidió que sea parte del juicio a través de una videoteleconferencia desde la cárcel o desde el Consejo de la Magistratura.
Tanto las querellas como la fiscalía rechazaron la petición y sostuvieron que la lectura de la acusación es una parte importante del proceso y es fundamental la presencia de los imputados.
El Ceprodh y la APDH requirieron que se revoquen todas las prisiones domiciliarias teniendo como precedente la segunda desaparición de Jorge Julio López. Destacaron que ese caso implica un riesgo cierto para el testigo de ser intimidado antes o después de su declaración.
“No se puede transformar el proceso en un “vale todo”, yo considero que el pedido (de las querellas y fiscalía) está basado más en el dolor y en la subjetividad, que en los supuestos riesgos procesales”, advirtió Matkovich. Planteó que sus defendidos siempre se han presentado cuando fueron requeridos. Agregó que de trasladar a Di Pascuale tendrían que alojarlo en la unidad Nº9, donde son conocidas -por un habeas corpus colectivo presentado, entre otras denuncias- las malas condiciones de detención. En esta línea, Giuliani insistió en que la U9 no es el lugar propicio para que esté su asistido, Soza, y que no violó las normas de arresto.
El fiscal Marcelo Grosso remarcó que la distancia no puede ser un fundamento para que Di Pasquale no esté en el juicio, siendo que no hay un impedimento físico, y el abogado por la secretaría de Derechos Humanos de Nación, Marcelo Medrano, indicó que la distancia y el estado de salud no se pueden convertir en una regla, sino que deben funcionar solamente como una excepción.
Di Pasquale, que estuvo prófugo desde 2006 y hallado por un juez en La Plata, acaparó la atención de la audiencia ya que además de pedir no asistir, su defensor aseguró que declarará en la primera jornada del juicio (el 17 de octubre a las 9) y que lo hará durante unas dos o tres horas. Respecto de De la Pas Sosa y Farías Barrera dijo que no prestarán declaración e insistió en que Gomez Arena no está en condiciones de comparecer por su estado de salud. Afirmó que padece una“enfermedad cardiovascular”.
En tanto, Giuliani aseguró que Soza declarará por el lapso de una hora.
Entre otros puntos el tribunal resolvió que los testigos víctimas que están fuera del país declaren en oficinas del consulado, como es el caso de Pedro Justo Rodríguez, y que se reproducirá el material fílmico de quienes hayan declarado y no puedan hacerlo en esta oportunidad.
Además, la abogada querellante del Ceprodh, Ivana Dal Bianco, presentó un recurso de reposición para que acepten como testigos a Myriam Bregman y Daniel Feierstein.