Se presenta el nuevo Informe de Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en la Patagonia
El informe elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas se presentará este jueves en el salón de Aten Provincial, ubicado en la calle Alcorta 863 de Neuquén, a partir de las once de la mañana. Según informan desde el ODHPI, el informe de este año analiza la situación de los pueblos originarios de la región en relación a la avanzada territorial tanto petrolera como minera y de estancieros y a la criminalización de las luchas de las comunidades. “El proyecto de nuevo Código Civil provocará más desalojos de comunidades originarias”, señalaron. También se incluyen estudios sobre género en las comunidades.
Según expresan desde el ODHPI, el proyecto de reforma de Código Civil enviado por el ejecutivo nacional “será promotor de desalojos indígenas y promotor de condenas penales por usurpación”, además de ser violatorio del derecho a la consulta de los pueblos indígenas e ignorar la posesión tradicional indígena como propiedad. “Nadie en su sano juicio podría decir, sin pagar costos políticos, que las organizaciones y los pueblos indígenas apoyan el texto impulsado y sostenido por el gobierno nacional, tal cual como se quiere aprobar en el Congreso”, indica el informe.
El material analiza la situación de las comunidades en Neuquén, Río Negro y Chubut. Sobre esta provincia, el informe describe la situación como particularmente grave por la avanzada de la frontera hidrocarburífera y de la hidrofractura. Destaca que ni el gobierno provincial ni el nacional “ha tomado en cuenta ni la consulta ni la participación de las comunidades mapuce afectadas. Esto es una constante y muchas de las veces se constituye a su vez, en origen de otras múltiples violaciones a derechos humanos de los pueblos indígenas”. Sobre Río Negro, el informe 2013 subraya que si bien existieron avances legislativos, la violación de sus derechos es recurrente. De Chubut se resalta el avance de la megaminería impulsada por la empresa Pan American Silver, con exploraciones habilitadas por el gobierno provincial aunque en dicha provincia está prohibida la actividad.
“Los datos mencionados muestran que el objetivo del Estado en la utilización del sistema penal contra los mapuce tiende a perseguir las acciones que demuestran ejercicio de derechos (…). El Estado protege con esta política represiva y criminalizadora la propiedad privada terrateniente, las empresas extractivas y la especulación inmobiliaria y turística, a costa del respeto de los derechos humanos, individuales y colectivos de los indígenas. Hay una tarea minuciosa y metódica para poner toda su estructura institucional, política y represiva para, en definitiva, transgredir las leyes que el mismo Estado ha sancionado”, resume el informe.
En la segunda parte de este Informe de Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en la Patagonia se analizan los casos de la comunidad Quintriqueo, el Lof Prafil-Calfupán y la comunidad Jacinto Antileo, de cada una de las provincias analizadas respectivamente.
El material se presentará el próximo jueves 11, a las once de la mañana en Alcorta 863 de esta capital.