Las comisiones de Justicia y Legislación General del Senado
dieron dictamen al proyecto de ley que prevé limitar el uso y alcance de
las medidas cautelares.
Por segundo día consecutivo, el ministro de Justicia, Julio Alak, concurrió
al plenario para defender el paquete de iniciativas impulsado por el gobierno
nacional.
"No cercena ningún derecho de la gente", argumentó el funcionario, ante las denuncias que en los últimos días realizó la oposición. En ese sentido, recordó "todas las provincias argentinas tienen reguladas las medidas cautelares contra el Estado".
"No cercena ningún derecho de la gente", argumentó el funcionario, ante las denuncias que en los últimos días realizó la oposición. En ese sentido, recordó "todas las provincias argentinas tienen reguladas las medidas cautelares contra el Estado".
Al igual que ayer, durante la discusión de las leyes de
elección popular de representantes del Consejo de la Magistratura y de
creación de nuevos tribunales de Casación, el ministro estuvo acompañado por el
secretario de Justicia de la
Nación , Julián Álvarez.
De esta forma, la propuesta ya está lista para ser discutida en la sesión del próximo jueves 18 de abril. Se prevé que la aprobación del paquete de medidas para la reforma del Poder Judicial tarde en total menos de un mes.
De esta forma, la propuesta ya está lista para ser discutida en la sesión del próximo jueves 18 de abril. Se prevé que la aprobación del paquete de medidas para la reforma del Poder Judicial tarde en total menos de un mes.
El proyecto busca un nuevo marco regulatorio sobre la utilización
de las medidas cautelares, para evitar que con esto se pueda trabar la
aplicación de una iniciativa por un tiempo excesivo.
La iniciativa establece que las cautelares no podrán tener
una vigencia superior a seis meses en el proceso ordinario, ni de tres
meses en el proceso sumarísimo o de amparo, y se podrán extender por seis
meses, siempre que ello resultare procesalmente indispensable.
A la vez, dispone que un juez solo podrá dictar una medida
cautelar cuando es competente en la causa, y sólo podrá tener validez si dicta
esa medida -aunque no le corresponda- si se encuentra comprometida la vida, la
salud o el derecho de alimentar.