El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) presentó un proyecto de ley para crear dos juzgados de Ejecución Penal, uno con asiento en la ciudad en Neuquén y otro en Zapala. Se trata de organismos judiciales previstos en el nuevo Código de Procedimiento Penal, que se especializarán en el trámite de las causas penales durante la etapa de ejecución de la pena, y en la asistencia y protección de los derechos de las personas privadas de libertad. El juzgado con sede en Zapala tendrá jurisdicción para la II, III, IV y V Circunscripción Judicial.
La estructura prevé la creación de dos cargos de juez de Ejecución Penal y dos de secretario. Los jueces tendrán competencia en planteos relacionados con el cumplimiento de las sentencias de condena; las peticiones vinculadas con el respeto de todas las garantías constitucionales e instrumentos internacionales de derechos humanos en el trato otorgado a los condenados y personas sometidas a medidas de seguridad; las solicitudes que se hagan durante el período de suspensión del juicio a prueba, de su revocación o de la decisión que disponga la extinción de la acción penal; y los planteos referidos a la extinción de la pena.
Los fundamentos señalan que la creación de los juzgados permitirá dar una respuesta efectiva a la población judicializada que, según estadísticas de la dirección provincial de Población Judicializada de julio de 2012, asciende a 2100 personas en la provincia, de las cuales 515 están detenidas y el resto sometidas al control del Patronato de Liberados. Explican que la cantidad de personas sometidas a proceso y la distribución geográfica de las distintas unidades de detención fueron las variables que se tuvieron en cuenta para definir la cantidad de juzgados a crear.
También recuerdan que la creación de los organismos fue solicitada por un grupo de personas privadas de libertad, en el marco del expediente Nº 681/12 “Internos de la Unidad de Detención 11 s/habeas corpus”, y sugerida por las Cámaras Criminales I y II de la ciudad de Neuquén. A la vez, remarcan que los nuevos juzgados permitirán una transición más ordenada hacia la implementación del nuevo Código.
La iniciativa fija en 90 días de sancionada la ley el plazo máximo para implementar los organismos y asignar los funcionarios y empleados. Además, modifica 19 artículos de la ley 1677 e incorpora dos artículos.
El proyecto –Nº 8000- ingresó por mesa de entradas el pasado 27 de marzo con la firma del presidente del TSJ, Evaldo Darío Moya, y acompañado por copia del acuerdo del TSJ Nº 4982 punto 6.
(Prensa – Legislatura)