El diputado Gabriel Romero (Nuevo Neuquén) presentó un proyecto de ley para crear una fiscalía de Violencia Institucional en la I Circunscripción Judicial y con jurisdicción en toda la provincia. El organismo tendrá como función investigar, sancionar y ejercer la acción penal, por denuncia o de oficio, de delitos cometidos por miembros de la fuerza policial en ejercicio de sus funciones de seguridad, de auxiliar de la justicia o en unidades penitenciarias. La iniciativa señala que “es fundamental que el poder Judicial coloque entre las prioridades la persecución de la tortura y otro tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
La estructura estará integrada por un fiscal que deberá ser designado por el Consejo de la Magistratura y tendrá la misma jerarquía que un fiscal de Primera Instancia; y un secretario.
En los fundamentos, se remarca la responsabilidad supranacional del Estado Argentino cuando se registran violaciones de derechos humanos por parte de los agentes de seguridad en ejercicio de sus funciones, mediante el ejercicio abusivo e ilegal del poder punitivo y en otras acciones ilícitas constitutivas de violencia institucional. Además, advierte que uno de los problemas no resueltos por los gobiernos latinoamericanos es el de la tortura.
Señala que a nivel provincial, las condiciones de detención y régimen de vida carcelario “continúan siendo inhumanos y violan los derechos de las personas alojadas, incrementando los hechos violentos y agravamiento de las condiciones de detención”; y hace alusión a la realización de requisas “innecesarias” que afectan la dignidad e intimidad de los familiares y amigos. En ese marco, menciona los casos de Pepe Alveal y Braian Hernández.
El proyecto –Nº 8012- ingresó por mesa de entradas el pasado 5 de abril con las firmas de los diputados Gabriel Romero y Sergio Gallia.
(Prensa – Legislatura)