Se trata de la que dispone la publicidad de las declaraciones juradas de jueces y funcionarios, y la que ordena la publicación de resoluciones y acordadas de la Corte Suprema y tribunales de segunda instancia.
El decreto 575/2013 pone en marcha la ley 26.857, sancionada el 8 de mayo pasado, que dispone el carácter público de las declaraciones patrimoniales integrales de los funcionarios públicos.
En tanto, con las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner; del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; y del ministro de Justicia, Julio Alak, el decreto 574 promulga la ley 26.856, que fija la publicación íntegra de acordadas y resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y Tribunales de Segunda Instancia.
De esta forma, el Poder Ejecutivo dio un paso más en la puesta en marcha del paquete de reforma judicial, dado que ya se encuentra en vigencia la regulación de las medidas cautelares en causas en las que es parte el Estado o sus organismos descentralizados y la creación de tres nuevas cámaras de casación.
En tanto, aguarda su promulgación la reforma del Consejo de la Magistratura y su sanción definitiva por parte de la Cámara de Diputados la iniciativa que busca abrir a la ciudadanía en general el acceso a cargos en el Poder Judicial.