Diputados de los bloques del PJ y Frente Grande-MUN presentaron un proyecto de declaración que repudia expresiones del presidente del Tribunal Superior de Justicia neuquino, Evaldo Moya, referidas a no pagar el impuesto a las ganancias de renta de cuarta categoría. La iniciativa señala que el planteo de Moya va en contra de la democratización de justicia, la aleja de la ciudadanía y demuestra desconocimiento de la ley.
Los fundamentos hacen un repaso histórico de la aplicación del impuesto a los miembros del poder Judicial y explican que la exención a los jueces del pago del impuesto a las ganancias se incorporó en 1947 mediante ley Nº 12.965 con el argumento de que el tributo violaba la garantía de la intangibilidad de sus remuneraciones. Luego, se sancionaron leyes que extendieron el beneficio a funcionarios judiciales sin potestad de juzgar, -como fiscales y asesores de cámaras de apelaciones-, a ex magistrados jubilados y a funcionarios que no integran el poder judicial (Tribunal de Cuentas y Tribunal Fiscal de la Nación), beneficiarios que no están amparados por la intangibilidad de sus remuneraciones.
En 1966, se sancionó la ley 24.631 que derogó la exención del impuesto de los miembros del poder Judicial. Sin embargo, días después, la Corte Suprema de Justicia, a través de la acordada Nº 20, declaró que la ley era inaplicable para el poder Judicial por la intangibilidad de los salarios. Esto generó que buena parte de la doctrina considere que el acuerdo es violatorio de la garantía de la igualdad como base del impuesto y de la proporcionalidad del tributo con relación a la capacidad contributiva.
El proyecto –Nº 7940- ingresó por Mesa de Entradas el 1º de marzo con las firmas de los diputados Pablo Todero, Amalia Jara, y Luis Sagaseta, del PJ, y Raúl Podestá de FG-MUN.