“El mismo gobierno que no le da respuesta, después lo criminaliza por vía de la justicia penal”
Asamblea en la fábrica. Imagen de archivo 8300web.
Lo dijo Ivana Dal Bianco, defensora del obrero ceramista Omar Villablanca, imputado por un corte de ruta ocurrido en 2011. Sus argumentos y los del fiscal que requirió la elevación a juicio.
Por Laura Loncopan Berti
El trabajador de la cooperativa Fasinpat -ex Zanon- Omar Villablanca fue acusado por el fiscal Ignacio Di Maggio de ser coautor del delito de entorpecimiento o impedimento de transportes o servicios terrestres, previsto en el artículo 194 del Código Penal.
En su requerimiento de elevación a juicio (VER TEXTO), el fiscal afirmó que: ”el día 18 de abril de 2011, siendo aproximadamente las 10:40 horas, sobre la Ruta Provincial nro 7, en el kilometro nro 5, con motivo de realizar una protesta por un supuesto atraso en el trámite oficial de expropiación de la fábrica Zanon, juntamente con un número aproximado de 40 o 50 personas, las que no han sido identificadas, (Villablanca) entorpeció el tránsito terrestre colocando sobre la cinta asfáltica de ambos carriles, objetos como pallet de madera, cubiertas de vehículo prendidas fuego, banderas y carteles, impidiendo de esta manera la libre circulación por el lugar a automovilistas, sin distinguir si se trataba de vehículos particulares, colectivos públicos o particulares extendiendo esta situación por el término de dos horas y media aproximadamente“.
Aseguró que “todos los protagonistas” actuaron “mediante la realización de un plan de división de tareas previamente pergeñado, realizando acciones típicas del entorpecimiento o impedimento, violentando el bien jurídico protegido, que en el caso es la seguridad pública del tránsito”. Agregó que se perjudicó ”so pretexto del ejercicio de la libertad de expresión, de una manera ilegítima los derechos a la libre circulación de los demás ciudadanos“.
De acuerdo al archivo de 8300web, en aquella jornada de abril representantes del sindicato ceramista junto a las y los obreros de la ex Zanon se manifestaron en la ruta debido a que a casi dos años de la sanción de la ley 2656 que declaró de utilidad pública y sujeta a expropiación la fábrica, cuyos bienes fueron transferidos a Fasinpat, perduraban las trabas. Por entonces, debía resolverse un planteo de inconstitucionalidad promovido por un grupo de trabajadores que no pertenecía a la gestión obrera, y parte de la familia Zanon. La solicitud fue rechazada por la jueza Valeria Pérez Cazado en septiembre de aquel año. Recién en noviembre de 2012 se firmó el decreto de expropiación.
“Están fuera de amparo las pretensiones que, con fundamento en el ejercicio de derechos fundamentales, dañan bienes de terceros o pugnan con el bien común, habida cuenta que la ley no puede dar cabida al ejercicio antisocial de los derechos comunes y constitucionales. Los derechos no son ilimitados y la prohibición del abuso hace funcional su ejercicio”, señaló el fiscal en su escrito.
En su acusación, Di Maggio citó el acta de procedimiento realizado por el personal policial de la comisaría 20 del barrio Parque Industrial y los testimonios de dos policías y un albañil “que se vio perjudicado por la protesta, al no poder concurrir a su trabajo desde Centenario a la ciudad de Neuquén capital, debiendo para ello desviarse de su trayectoria por un camino de tierra aledaño a la vía principal interrumpida”.
Las consignas de las pancartas y banderas que había en el corte decían: “El desprocesamiento de todos los luchadores”; “Más viviendas y escuelas para todos”; “Sapag terminá ya la expropiación”; “Sapag judicializa a los trabajadores”.
El fiscal consideró que el imputado -Villablanca era secretario general del gremio- en su declaración indagatoria: “formula manifestaciones de corte político, que importan ciertamente un claro reconocimiento de la materialidad de los hechos“.
La defensa pidió la nulidad del requerimiento, y subsidiariamente se opuso al mismo e instó al sobreseimiento (VER EL TEXTO).
Indicó, entre otros puntos, que la prueba que sostiene el pedido es un acta viciada de nulidad y un “reconocimiento” realizado por una agente, más los dos efectivos que se ofrecieron de testigos. La abogada Ivana Dal Bianco, entrevistada por este medio, explicó que se presentó oportunamente una nulidad “porque el código prohíbe que las actas de la policía sean con testigos policías porque, justamente, se supone que el control de la defensa estaría en un acto que es irreproducible como este, con testigos civiles”. El juez de instrucción Cristian Piana no hizo lugar a la solicitud y la Cámara de Apelaciones confirmó la resolución del magistrado.
Para la defensa se trata de una acusación genérica, que carece de precisiones sobre la conducta que cada uno de los involucrados encarnaría.
En línea con el pensamiento del abogado y sociólogo Roberto Gargarella, se apuntó que: “la situación de los trabajadores de Cerámica Zanon, y las diferentes acciones de protesta para que se respeten sus derechos y se cumpla con la ley de expropiación de la fabrica votada en la Legislatura Neuquina, no puede ser tratado como delito” sino como “el ejercicio del derecho a exigir sus derechos fundamentales.”
En su contestación tanto Dal Bianco como su colega, Mariano Pedrero, mencionaron que en la indagatoria el imputado: “lejos de reconocer como afirma el fiscal alguna conducta delictiva demuestra el carácter político de esta causa: Así afirmó Villablanca. “Creemos que los trabajadores tenemos derecho a peticionar y a luchar por nuestros derechos, como lo venimos haciendo los obreros y obreras de Zanon desde hace doce años y el Gobierno Provincial que finalice el tramite de expropiación, considero que esto es una clara persecución política, no solo a dirigente de Zanon, sino al conjunto de las organizaciones que salimos a luchar por nuestros derechos…”
Dal Bianco expresó en la entrevista: “el mismo gobierno que no le da respuesta, después, bueno, lo criminaliza por la vía de la justicia penal, que es una especie de, nosotros siempre decimos, de represión indirecta. Está la represión directa por la vía de las balas, de la muerte como el caso de (Carlos) Fuentealba o está la vía indirecta por la vía del sistema penal”.
Escuchá la entrevista a Ivana Dal Bianco, defensora de Villablanca