Consulta popular por la huelga docente: “más que jurídica, se trata de una cuestión política profunda”

La marcha de ATEN recorrió la avenida y finalizó en Casa de Gobierno. Foto 8300web (Cecilia Maletti)
La marcha de ATEN. Foto archivo 8300web (Cecilia Maletti)
Lo afirmó el abogado laboralista, Sergio Mayorga. Opinó que si bien la propuesta por ahora solo es una declaración publica del gobernador, abre un debate en varios sectores sociales sobre la colisión de derechos.
El abogado laboral, Sergio Mayorga, opinó en Radio UNC Calf que la propuesta del gobernador Jorge Sapag para llamar a una consulta popular sobre la opinión de la sociedad en relación la huelga de ATEN, colisiona con el derecho a huelga que tiene consagración constitucional.
Mayorga aclaró que por el momento “la propuesta no pasa por ser una declaración en la apertura de sesiones” de la Legislatura provincial, pero “hay un aspecto interesante que es la perspectiva de analizar las intenciones políticas a la luz de los valores, principios e intereses con las actitudes del gobierno y de los particulares”.
Opinó además que la discusión sobre los paros ayuda a la sociedad neuquina a “reflexionar sobre la coalición del derecho a huelga y el derecho a la educación que también es de primer orden, y objetivamente se presta de manera muy deficitaria a sectores que más lo necesitan”.
Agregó que más allá “de los planteos chicaneros, es interesante cual es el aporte de cada sector social para que la educación empiece a ser un servicio de calidad que permita incluir a los sectores populares”.
Desde su rol de abogado, opino que el derecho a huelga por tener rango constitucional no se puede modificar a través de una consulta ya que no es la formal legal prevista.
“Es pertinente conforme lo viene señalando la Corte Suprema que la correcta interpretación de los derechos se debe dar también en el conjunto y en la relación con otros derechos” aseguró Mayorga.
El abogado indicó que “no estamos en una discusión técnica sobre si la educación es un servicio esencial, estamos ante el planteo de una mayor presión o de discutir públicamente la supuesta contradicción entre el derecho a huelga y a la educación”.
Finalmente dijo que “mas que de técnica jurídica es una cuestión política profunda que amerita que se resuelva democráticamente”.