Licencia para víctimas de violencia de género

 

Name01Con el fin de hacer efectivo el derecho de las víctimas de violencia de género a ser asistidas integralmente, proponen establecer un régimen de licencia especial.
El proyecto presentado por el bloque Instrumento Electoral por la Unidad Popular (Upie) indica que la víctima tendrá derecho a la reducción de la jornada o a la readecuación del tiempo o lugar de trabajo, permitiendo garantizar la estabilidad del empleo, la intangibilidad de sus haberes y la confidencialidad de la información.
En sus fundamentos explica que actualmente las víctimas de violencia de género se encuentran obligadas a ampararse bajo la licencia médica, psiquiátrica o por asuntos personales. La iniciativa hace énfasis en la confidencialidad que debe mantener el empleador al que se le solicita la licencia, debido a que este tipo de violencia implica para quien la padece un factor de alta exposición de su fuero íntimo y tiene consecuencias estigmatizantes.
La norma comprende a agentes mujeres y varones dependientes de los tres poderes del estado, organismos de control, entes autárquicos, entes descentralizados, empresas del estado y empresas privadas con participación accionaria estatal. Para solicitar la licencia, debe presentar en sobre cerrado la justificación indicando el tiempo que requerirá apartada de sus funciones emitida por los servicios de atención alas víctimas, el profesional de salud tratante o la autoridad judicial interviniente, y adjuntar la denuncia realizada ante la autoridad policial o judicial de los hechos acaecidos.
Agrega que la provincia de Neuquén sancionó la ley 2786 - Nuevo régimen de protección para las mujeres víctimas de violencia-, mientras que Argentina cuenta con la ley nacional 26.485 - Protección integral a las mujeres-, y el Estado nacional ratifica la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer -24.632-. Además, en la provincia existe el servicio 0800 Mujer,dependiente del ministerio de Desarrollo Social, que recibió desde marzo a agosto de este año, 87 casos, de las cuales 39 requirieron protección y asilo para las víctimas.
El proyecto 8912 ingresó por mesa de entradas el 17 de noviembre con la firma de los diputados Raúl Dobrusín y Alfredo Marcote.