Los fundamentos recuerdan que el poder Judicial elabora su presupuesto a partir de la disposición del 18% del producido del régimen de coparticipación de impuestos nacionales que le corresponde a la provincia y mencionan que ese porcentaje se volvió insuficiente por los cambios que se fueron produciendo en las estructuras judiciales y no se contemplaron al momento de la sanción de la ley 1971 en el año 1992.
Al respecto, menciona la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, la creación de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa; y la designación del poder Judicial como autoridad de aplicación del registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual.
El proyecto –Nº8872- ingresó por mesa de entradas el pasado 22 de octubre con las adhesiones de los diputados Gabriel Romero y Fernanda Esquivel, de UP.
Fuente: Prensa - Legislatura