Por PABLO MONTANARO
Neuquén > El fiscal federal Adrián García Lois, de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos de Neuquén, se mostró confiado en que el juez federal Gustavo Villanueva dé curso al pedido que le remitiera en diciembre pasado citar a indagatoria a nueve ex magistrados judiciales de Neuquén y Río Negro, tanto de la órbita federal como de la provincial, sospechados de actuar en complicidad con las Fuerzas Armadas y de Seguridad, nacionales y locales, para la comisión de crímenes de lesa humanidad.
En diálogo con La Mañana, García Lois indicó que los ex magistrados imputados fueron cómplices de esos crímenes y que habrían desamparado a las víctimas a favor de sus secuestradores y torturadores como parte del programa criminal de acción, en aras de asegurar la impunidad de quienes lo ejecutaban.
Hasta hace poco la actuación judicial durante la dictadura aparecía separada de los procesos de enjuiciamiento a represores, ¿qué cambió para que ahora se comience a poner en el banquillo de los acusados a los ex magistrados?
A pesar de que se trata de una verdad histórica indiscutible por la sociedad, era necesario en primer lugar, y una gran cuenta pendiente, que en el plano judicial se tuviese por comprobada, mediante el dictado de las sentencias condenatorias respectivas, la comisión de los atroces delitos de lesa humanidad perpetrados por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, pues lo que se le atribuye a los ex magistrados imputados es justamente haber sido cómplices de esos crímenes, en el entendimiento de que habrían desamparado a las víctimas de tales flagelos, a favor de sus secuestradores, torturadores, como parte del programa criminal de acción, en aras de asegurar la impunidad de quienes lo ejecutaban.
En líneas generales, la responsabilidad penal de los magistrados es accesoria respecto de los crímenes que fueron de autoría de los componentes militares y policiales, de modo que resultaba necesario, para alzar la imputación contra los mismos, contar inicialmente con una base sólida sobre la cual la misma pudiera asentarse, para con ello poder ser presentada en el plano judicial.
Recién en 2011, el Consejo de la Magistratura creó una comisión para investigar a los jueces que colaboraron con los represores o que trataron de entorpecer las causas de delitos de lesa humanidad.
Un factor importantísimo que permitió avanzar fue la decisión de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad que dieron claras directivas de avanzar también en cuanto a la complicidad civil, y también la jurisprudencia al respecto de a poco se fue abriendo paso como en el caso de la provincia de Mendoza y de Bahía Blanca.
¿Sólo se trató del “cajoneo” o rechazo de habeas corpus por parte de los magistrados o hubo también otras formas de complicidades?
Los ex magistrados imputados, durante la vigencia de la última dictadura cívico-militar, estuvieron llamados a intervenir en una serie de procesos judiciales en los que, a nuestro criterio, estaban en condiciones de buscar y dar con el paradero de las víctimas privadas ilegal e ilegítimamente de sus libertades -hoy varias de ellas desaparecidas-, cuando sus familiares les denunciaban que las Fuerzas Armadas o de Seguridad habían procedido a sus secuestros. También estaban en condiciones de imputar la comisión de esos delitos a personal militar y policial, incluso otros como el delito de torturas cada vez que alguna víctima lograba declarar en sede judicial luego de su liberación y manifestaba haber sido objeto de apremios. Sin embargo, los magistrados imputados en su mayoría no obraron de ese modo. Por el contrario, no sólo omitieron llevar a cabo las investigaciones, sino que en “el intento” por localizar a las víctimas del terrorismo de Estado, o a los autores de los delitos denunciados, realizaron escasas diligencias superficiales y de carácter meramente administrativas formales, que presagiaban que arrojarían resultados infructuosos. A su vez, decidieron no imputar delito alguno a los componentes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad instaladas en la región, aún en algunos casos que tenían elementos de juicio suficientes que legalmente los comprometía.
Desde el Ministerio Público imputamos que pudiendo poner fin a los flagelos que la última dictadura militar ocasionó en la región, o al menos mitigar la metodología aplicada, los ex magistrados optaron por desamparar a las víctimas.
¿Qué particularidades tienen los casos de los magistrados por los cuales pidió que sean indagados?
Resultan particulares las situaciones de dos de los imputados, Pedro Laurentino Duarte y Victor Marcelo Ortíz, que fueron magistrados federales, a quienes se les atribuyó haber participado en la comisión de crímenes perpetrados contra más de diez víctimas del terrorismo de Estado en Neuquén y el Alto Valle de Río Negro, algunos de ellos hoy desaparecidos.
La otra particularidad que existe y que lo diferencia del resto de los casos es que Duarte ingresó al Poder Judicial de la Nación con el cargo de juez Federal de Primera Instancia de Neuquén por designación del gobierno militar de facto de fecha 8 de julio de 1976, desempeñándose hasta ese momento como jefe (mayor) auditor dentro del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén. Además quedó acreditado que el mismo continuó parcialmente vinculado al Ejército Argentino aun después de asumida su magistratura –solicitó la baja recién el 13 de septiembre de 1982–, desempeñando incluso alguna actividad en la fuerza en simultáneo con el ejercicio de la función judicial, en el mismo lugar donde ya tiempo atrás se planificaban y ejecutaban los delitos de lesa humanidad. Tales circunstancias, entre otras, permiten imputarle a este ex magistrado el conocimiento efectivo de las desapariciones forzadas de personas, su lugar de destino y los tormentos que se le aplicaban, como así también el conocimiento de que se hallaba en funcionamiento el lugar denominado La Escuelita como centro clandestino de tortura, ya que hasta los conscriptos que hicieron el servicio militar allí, al menos habían oído hablar de ello, y sin embargo no tomó ninguna medida al respecto, y por el contrario rechazó todas las denuncias en las que intervino, sin siquiera concurrir al lugar o pedir un informe sobre la existencia de este sitio.
Por su parte, la situación de Ortiz resulta particular, pues el testimonio de una de las víctimas lo involucra directamente presenciando y fomentando su interrogatorio bajo torturas, como así también el testimonio de referentes de organismos de derechos humanos que refirieron haber puesto en conocimiento del mismo lo que estaba sucediendo y su preocupación, recibiendo como respuesta, en forma personal, algo así como que esas personas en definitiva se estaban redimiendo en la tierra.
Había una clara intención de desalentar a los familiares de las víctimas, como también atemorizarlos.
En muchos casos sí. Como dije, rechazando los habeas corpus con costas para los familiares de las víctimas, las que eran impuestas con arbitrio, sin fundamentación alguna. Creo que con esa práctica se intentó generarles el temor de que si introducían un nuevo habeas corpus, aparte de ser desoídos, volverían a recibir un nuevo castigo económico. Es decir que no sólo se hallaban sin respuesta en el ámbito judicial donde debían garantizarle sus derechos constitucionales vulnerados, sino que además se los castigaba con la aplicación de costas, de manera que se conjugaban negación de derechos y castigo.
En diálogo con La Mañana, García Lois indicó que los ex magistrados imputados fueron cómplices de esos crímenes y que habrían desamparado a las víctimas a favor de sus secuestradores y torturadores como parte del programa criminal de acción, en aras de asegurar la impunidad de quienes lo ejecutaban.
Hasta hace poco la actuación judicial durante la dictadura aparecía separada de los procesos de enjuiciamiento a represores, ¿qué cambió para que ahora se comience a poner en el banquillo de los acusados a los ex magistrados?
A pesar de que se trata de una verdad histórica indiscutible por la sociedad, era necesario en primer lugar, y una gran cuenta pendiente, que en el plano judicial se tuviese por comprobada, mediante el dictado de las sentencias condenatorias respectivas, la comisión de los atroces delitos de lesa humanidad perpetrados por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, pues lo que se le atribuye a los ex magistrados imputados es justamente haber sido cómplices de esos crímenes, en el entendimiento de que habrían desamparado a las víctimas de tales flagelos, a favor de sus secuestradores, torturadores, como parte del programa criminal de acción, en aras de asegurar la impunidad de quienes lo ejecutaban.
En líneas generales, la responsabilidad penal de los magistrados es accesoria respecto de los crímenes que fueron de autoría de los componentes militares y policiales, de modo que resultaba necesario, para alzar la imputación contra los mismos, contar inicialmente con una base sólida sobre la cual la misma pudiera asentarse, para con ello poder ser presentada en el plano judicial.
Recién en 2011, el Consejo de la Magistratura creó una comisión para investigar a los jueces que colaboraron con los represores o que trataron de entorpecer las causas de delitos de lesa humanidad.
Un factor importantísimo que permitió avanzar fue la decisión de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad que dieron claras directivas de avanzar también en cuanto a la complicidad civil, y también la jurisprudencia al respecto de a poco se fue abriendo paso como en el caso de la provincia de Mendoza y de Bahía Blanca.
¿Sólo se trató del “cajoneo” o rechazo de habeas corpus por parte de los magistrados o hubo también otras formas de complicidades?
Los ex magistrados imputados, durante la vigencia de la última dictadura cívico-militar, estuvieron llamados a intervenir en una serie de procesos judiciales en los que, a nuestro criterio, estaban en condiciones de buscar y dar con el paradero de las víctimas privadas ilegal e ilegítimamente de sus libertades -hoy varias de ellas desaparecidas-, cuando sus familiares les denunciaban que las Fuerzas Armadas o de Seguridad habían procedido a sus secuestros. También estaban en condiciones de imputar la comisión de esos delitos a personal militar y policial, incluso otros como el delito de torturas cada vez que alguna víctima lograba declarar en sede judicial luego de su liberación y manifestaba haber sido objeto de apremios. Sin embargo, los magistrados imputados en su mayoría no obraron de ese modo. Por el contrario, no sólo omitieron llevar a cabo las investigaciones, sino que en “el intento” por localizar a las víctimas del terrorismo de Estado, o a los autores de los delitos denunciados, realizaron escasas diligencias superficiales y de carácter meramente administrativas formales, que presagiaban que arrojarían resultados infructuosos. A su vez, decidieron no imputar delito alguno a los componentes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad instaladas en la región, aún en algunos casos que tenían elementos de juicio suficientes que legalmente los comprometía.
Desde el Ministerio Público imputamos que pudiendo poner fin a los flagelos que la última dictadura militar ocasionó en la región, o al menos mitigar la metodología aplicada, los ex magistrados optaron por desamparar a las víctimas.
¿Qué particularidades tienen los casos de los magistrados por los cuales pidió que sean indagados?
Resultan particulares las situaciones de dos de los imputados, Pedro Laurentino Duarte y Victor Marcelo Ortíz, que fueron magistrados federales, a quienes se les atribuyó haber participado en la comisión de crímenes perpetrados contra más de diez víctimas del terrorismo de Estado en Neuquén y el Alto Valle de Río Negro, algunos de ellos hoy desaparecidos.
La otra particularidad que existe y que lo diferencia del resto de los casos es que Duarte ingresó al Poder Judicial de la Nación con el cargo de juez Federal de Primera Instancia de Neuquén por designación del gobierno militar de facto de fecha 8 de julio de 1976, desempeñándose hasta ese momento como jefe (mayor) auditor dentro del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén. Además quedó acreditado que el mismo continuó parcialmente vinculado al Ejército Argentino aun después de asumida su magistratura –solicitó la baja recién el 13 de septiembre de 1982–, desempeñando incluso alguna actividad en la fuerza en simultáneo con el ejercicio de la función judicial, en el mismo lugar donde ya tiempo atrás se planificaban y ejecutaban los delitos de lesa humanidad. Tales circunstancias, entre otras, permiten imputarle a este ex magistrado el conocimiento efectivo de las desapariciones forzadas de personas, su lugar de destino y los tormentos que se le aplicaban, como así también el conocimiento de que se hallaba en funcionamiento el lugar denominado La Escuelita como centro clandestino de tortura, ya que hasta los conscriptos que hicieron el servicio militar allí, al menos habían oído hablar de ello, y sin embargo no tomó ninguna medida al respecto, y por el contrario rechazó todas las denuncias en las que intervino, sin siquiera concurrir al lugar o pedir un informe sobre la existencia de este sitio.
Por su parte, la situación de Ortiz resulta particular, pues el testimonio de una de las víctimas lo involucra directamente presenciando y fomentando su interrogatorio bajo torturas, como así también el testimonio de referentes de organismos de derechos humanos que refirieron haber puesto en conocimiento del mismo lo que estaba sucediendo y su preocupación, recibiendo como respuesta, en forma personal, algo así como que esas personas en definitiva se estaban redimiendo en la tierra.
Había una clara intención de desalentar a los familiares de las víctimas, como también atemorizarlos.
En muchos casos sí. Como dije, rechazando los habeas corpus con costas para los familiares de las víctimas, las que eran impuestas con arbitrio, sin fundamentación alguna. Creo que con esa práctica se intentó generarles el temor de que si introducían un nuevo habeas corpus, aparte de ser desoídos, volverían a recibir un nuevo castigo económico. Es decir que no sólo se hallaban sin respuesta en el ámbito judicial donde debían garantizarle sus derechos constitucionales vulnerados, sino que además se los castigaba con la aplicación de costas, de manera que se conjugaban negación de derechos y castigo.