Con un prófugo, sigue el juicio a jueces cómplices de la dictadura

La segunda jornada del debate oral -que juzga a jueces y fuerzas de seguridad- arranca con un ex oficial de policía de 57 años fugado. Mendoza es el distrito con más represores prófugos del país.

  • Marcelo Ruiz
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Por: Infojus Noticias
Con la novedad de un represor prófugo, esta mañana se realiza la segunda audiencia de la megacausa mendocina que juzga por primera a cinco ex funcionarios de la Justicia partícipes del terrorismo de Estado. También a 36 miembros de las fuerzas de seguridad. Ayer se conoció que José Antonio Lorenzo Constantino, un ex oficial de policía de 57 años que debía sentarse entre los acusados en este juicio, está prófugo. Durante la dictadura cumplió funciones en la comisaría 7° de Godoy Cruz y estuvo al servicio de los operativos del D2.
Entre el 13 y el 14 de febrero el cuerpo médico forense hizo la revisación médica a los represores acusados con domicilio en la provincia y se enviaron las correspondientes notificaciones administrativas. Existe la posibilidad de que la huida de Lorenzo Constantino haya ocurrido en los días previos. El policía retirado - involucrado en la causas que investiga los hechos ocurridos en el D2 - no compareció en la primera jornada del juicio, el lunes pasado. Durante la primera audiencia, que duró poco más de dos horas, se realizó la identificación de unos veinte imputados. Hoy resta completar las demás identificaciones.

El juicio se centra en los secuestros y las vejaciones ocurridos en el “D2” -Departamento de Información 2 de la policía de la provincia de Mendoza-, el máximo centro clandestino de la provincia. Juzga –entre otros delitos vinculados al aparato represivo- a exfuncionarios del Poder Judicial de Mendoza. Los ex magistrados Gabriel Guzzo, Otilio Romano, Luis Miret, Guillermo Petra y Rolando Carrizo están acusados de no investigar denuncias de detenciones ilegales, desapariciones y asesinatos que llegaron a sus juzgados en forma de hábeas corpus durante la dictadura. Pero al mayor incriminado se lo apartó del proceso por razones de salud, sobre las que aún no se han dado detalles oficiales. Se trata del ex juez federal Gabriel Guzzo, acusado de ser partícipe de violaciones a los derechos humanos en 107 casos. Su imputación articula el resto de las causas referidas a los ex magistrados Otilio Romano, Luis Francisco Miret, Evaristo Carrizo y Guillermo Petra Recabarren.
Con la baja de Constantino, el megajuicio recién iniciado sufre su cuarta baja. A su fuga de hay que sumar los apartamientos –además de Guzzo- de Luciano Benjamín Menéndez Menéndez (excluido por comparecer ante otros tribunales del resto del país) y de Enrique Gomez Saá. Este ex agente militar de Inteligencia hace décadas que evade la Justicia a través de reconocimientos médicos en los que no intervienen médicos forenses. En noviembre de 2013 los mismos argumentos clínicos frenaron un juicio por privación ilegítima de la libertad y torturas contra Roberto Vélez, Oscar Guidone y Martín Lecea, ex presos políticos sobrevivientes del centro clandestino montado en la VIII Compañía de Comunicaciones de Montaña.
El silencio mantenido hasta ahora por el tribunal que preside Alejandro Waldo Piña impacienta al Ministerio Público y a las querellas. Se espera que hoy el TOF N° 1 se pronuncie acerca de la situación actual de todos y cada uno de los imputados. El mismo titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, expresó- después de la primera audiencia- la urgencia de tramitar con fluidez esta instancia para el desarrollo del proceso.
El contexto actual del primer juicio contra jueces de la dictadura, sumado a los antecedentes de fuga de Romano y a los 15 casos que hacen de Mendoza el distrito con más represores prófugos del país, parecen exigir resoluciones al tribunal. Se espera que una vez completada la identificación de los imputados y leídos los requerimientos, la fiscalía y las querellas eleven el pedido de cambio de calificaciones para que, de ser aceptado, la totalidad de los imputados permanezca en prisión preventiva hasta el momento de las sentencias.
Informe: Penélope Moro Rocchietti
Fuente: Infojusnoticias.gov.ar