Adrián García Lois afirmó que los magistrados de Río Negro y Neuquén “habrían prestado una colaboración indispensable” a las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Neuquén > El fiscal federal e integrante de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, Adrián García Lois, solicitó que nueve ex magistrados judiciales de Neuquén y Río Negro, tanto de la órbita federal como provincial, sean convocados a prestar declaración indagatoria.
Mencionó que estos nueve ex magistrados están sospechados de actuar “en complicidad con las Fuerzas Armadas y de Seguridad, nacionales y locales, para la comisión de crímenes de lesa humanidad”.
En su presentación, el fiscal requirió que se decrete la prohibición de salida del país y la eventual detención de los acusados.
El requerimiento fue formulado al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de esta ciudad, a cargo de Gustavo Villanueva, quien todavía no convocó formalmente a los acusados.
Los acusados
Los imputados son el ex juez federal de Neuquén Pedro Laurentino Duarte, el ex fiscal federal de Neuquén Víctor Marcelo Ortiz, el ex juez federal subrogante de Neuquén y ex juez federal de General Roca, Rodolfo Ramón López Marquet; la ex defensora federal de Pobres, Incapaces y Ausentes y ex jueza federal subrogante de Neuquén, María Ester Borghelli de Poma; la ex jueza de General Roca Mirta Fava, el ex juez de General Roca Cecilio Alfredo Pagano, el ex fiscal de General Roca Hernán Etcheverry, el ex juez de Bariloche Dardo Ismael Sosa y el ex fiscal de esa localidad Leopoldo Fuentes.
Sobre la base de la prueba recogida en el expediente de la causa Reinhold, García Lois consideró que había razones suficientes para estimar que durante la última dictadura militar esos magistrados habrían prestado una colaboración indispensable al personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, para la perpetración de delitos de lesa humanidad.
Argumentó su requisitoria precisando que los imputados, pese a haber estado a su tiempo "llamados a intervenir para poner fin a los flagelos infligidos en el área local por la dictadura y hacer valer las garantías constitucionales de los ciudadanos, optaron por desamparar a las víctimas del terrorismo de Estado prestando al aparato represivo estatal instalado en la zona, al servicio de un gobierno sedicioso, una adecuada cobertura judicial y garantía de impunidad”.
Mencionó que estos nueve ex magistrados están sospechados de actuar “en complicidad con las Fuerzas Armadas y de Seguridad, nacionales y locales, para la comisión de crímenes de lesa humanidad”.
En su presentación, el fiscal requirió que se decrete la prohibición de salida del país y la eventual detención de los acusados.
El requerimiento fue formulado al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de esta ciudad, a cargo de Gustavo Villanueva, quien todavía no convocó formalmente a los acusados.
Los acusados
Los imputados son el ex juez federal de Neuquén Pedro Laurentino Duarte, el ex fiscal federal de Neuquén Víctor Marcelo Ortiz, el ex juez federal subrogante de Neuquén y ex juez federal de General Roca, Rodolfo Ramón López Marquet; la ex defensora federal de Pobres, Incapaces y Ausentes y ex jueza federal subrogante de Neuquén, María Ester Borghelli de Poma; la ex jueza de General Roca Mirta Fava, el ex juez de General Roca Cecilio Alfredo Pagano, el ex fiscal de General Roca Hernán Etcheverry, el ex juez de Bariloche Dardo Ismael Sosa y el ex fiscal de esa localidad Leopoldo Fuentes.
Sobre la base de la prueba recogida en el expediente de la causa Reinhold, García Lois consideró que había razones suficientes para estimar que durante la última dictadura militar esos magistrados habrían prestado una colaboración indispensable al personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, para la perpetración de delitos de lesa humanidad.
Argumentó su requisitoria precisando que los imputados, pese a haber estado a su tiempo "llamados a intervenir para poner fin a los flagelos infligidos en el área local por la dictadura y hacer valer las garantías constitucionales de los ciudadanos, optaron por desamparar a las víctimas del terrorismo de Estado prestando al aparato represivo estatal instalado en la zona, al servicio de un gobierno sedicioso, una adecuada cobertura judicial y garantía de impunidad”.