La delegación Neuquén de la Secretaría de DD.HH. de la Nación reveló que hay 324 expedientes de habeas corpus y amparos presentados por familiares de detenidos y desaparecidos de la región.
Neuquén > La delegación Neuquén de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informó que existen más de 300 expedientes tramitados de habeas corpus, amparos, secuestros y desaparición de personas en los fueros federales y provinciales de la región durante la última dictadura militar.
Beatriz Gentile, representante de la Secretaría, afirmó en conferencia de prensa que “la existencia de estos 324 expedientes demuestra la complicidad civil del Poder Judicial como sostén del terrorismo de Estado”.
Hace algo más de un año, durante el desarrollo del juicio La Escuelita II, la delegación local de la Secretaría de Derechos Humanos había requerido a la Justicia Federal la nómina de magistrados y funcionarios federales que trabajaron en General Roca y Neuquén desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983 con el objetivo de investigar el rol de la Justicia durante la última dictadura militar. “A un año de ese pedido, como querellantes en esa causa, tenemos 324 expedientes de los cuales algunos se informa que no han sido encontrados físicamente pero si están en los libros de registros de distintas dependencias judiciales federales y de las provincias de Río Negro y Neuquén”, sostuvo Gentile.
Beatriz Gentile, representante de la Secretaría, afirmó en conferencia de prensa que “la existencia de estos 324 expedientes demuestra la complicidad civil del Poder Judicial como sostén del terrorismo de Estado”.
Hace algo más de un año, durante el desarrollo del juicio La Escuelita II, la delegación local de la Secretaría de Derechos Humanos había requerido a la Justicia Federal la nómina de magistrados y funcionarios federales que trabajaron en General Roca y Neuquén desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983 con el objetivo de investigar el rol de la Justicia durante la última dictadura militar. “A un año de ese pedido, como querellantes en esa causa, tenemos 324 expedientes de los cuales algunos se informa que no han sido encontrados físicamente pero si están en los libros de registros de distintas dependencias judiciales federales y de las provincias de Río Negro y Neuquén”, sostuvo Gentile.
Sobre la importancia del resultado de esta investigación, Gentile indicó que, en primer lugar, refleja que “la sociedad neuquina y rionegrina recurrió a la Justicia en los años de terrorismo de Estado, esperando una respuesta ante la desaparición de sus seres queridos”. En segundo lugar, precisó que el Poder Judicial durante los años de dictadura “fue un sostén necesario de ese estado terrorista, ese estado desdoblado como planteó Eduardo Luis Duhalde”. “Por la forma en que actuó, el Poder Judicial dio una cobertura de normalidad y de legalidad a este estado que en su cara invisible sabemos cómo se comportaba en esos años”, agregó. Y subrayó que “a partir de esto podemos tener la hipótesis de que fue un sostén importante y estaba dentro de lo que fue el plan sistemático”.
Legitimó prácticas aberrantes
Gentile consideró que la presencia del Poder Judicial “terminó legitimando prácticas jurídicas aberrantes como por ejemplo avalar detenciones que las cometía alguna fuerza de seguridad que no estaba habilitada para hacerlo y transformar los habeas corpus en meros hechos administrativos y marca lo que a nivel nacional es la definición de una dictadura cívico-militar”.
Marcelo Medrano, abogado querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el juicio de 2012 y en el que se está llevando adelante este año, destacó: “precisamente en el 2012 planteamos la necesidad de abrir el juego para investigar al Poder Judicial porque a esta altura es incontrastable que la dictadura fue cívico militar”.
Dijo que está clara la actuación del Poder Judicial en la estructura federal neuquina en esos años, vinculada a los hechos que se están juzgando como también por fuera de los hechos, porque hay muchos casos que no están incluidos en tramos de debate pero se puede probar que tuvieron vinculación con lo que dejó de hacer o hizo mal el Poder Judicial”.