La canasta comprenderá 200 productos y servicios relevantes para las familias. La negociación incluye a los proveedores y se consensuará con toda la cadena productiva. Las provincias tendrán un papel determinante.
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El nuevo acuerdo de precios que impulsa el gobierno nacional desde el Ministerio de Economía alcanzará a una canasta de cerca de 200 productos de consumo masivo de primeras y segundas marcas, que representarán alrededor del 70% del consumo estimado e incluirá servicios relevantes en el costo de vida de las personas.
"La dinámica planteada apunta en el corto plazo a sostener el poder adquisitivo de los salarios y en el mediano plazo a avanzar en políticas que incrementen el grado de competitividad de cada cadena de valor", subrayaron fuentes oficiales en diálogo con Tiempo Argentino.
Además de los supermercados, las negociaciones con las que se empiezan a definir los últimos detalles del sistema incluyen a los principales proveedores de los productos de llegada masiva a los consumidores.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, consideran fundamental la intervención de la industria para asegurar el abastecimiento y extender el alcance territorial del esquema que se busca aplicar en esta nueva etapa.
Otra novedad es que desde el Ejecutivo también convocarán a las provincias y buscarán que desarrollen un papel preponderante en la aplicación del nuevo acuerdo. De esta manera se ayudaría a sacar la política de congelamiento del núcleo duro del supermercadismo de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires.
Con estas columnas del plan ya diseñadas, el esquema de administración de precios terminará de ser consensuado con los diversos actores del sistema productivo, tanto del sector privado como del público (nacional y provincial). Así se le daría mayor estructura y posibilidades de éxito en comparación al congelamiento de precios que se buscó aplicar a mitad de año para una canasta de unos 500 productos.
En esta oportunidad la actividad no se limitará a un diálogo bilateral entre supermercados y el gobierno basado en el control de las góndolas, sino que se buscará la participación de todos los jugadores que intervienen en el negocio.
Daniel Funes de Rioja, titular de la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) e integrante de la Unión Industrial Argentina, comunicó esta semana que desde el Ejecutivo ya se acercaron a la entidad y manifestaron la intención de que participaran del diseño de esta arista de la nueva política económica. "Nos dijeron que la idea es pensar un nuevo esquema a partir del 1° de enero", indicó el empresario.
Entre lo que se desprende de las negociaciones que mantiene el gobierno nacional con los diferentes actores, también se puede adelantar que la lista de precios será única para todas las cadenas de supermercados, aunque habrá divergencias por regiones ante los diferentes costos de transporte de los productos.
Las palabras clave "competitividad" y "logística", que ya formaron parte de las charlas tripartitas reactivadas con los cambios de Gabinete, tendrán un papel fundamental en el esquema.
En tanto, los productos que no estén dentro de la canasta oficial continuarán con la política de variación de precios según la categoría en la que se encuentren (masivo, selectivo y premium).
Las fuentes oficiales con las que pudo dialogar este diario subrayaron que "este instrumento es un eslabón más de las diversas políticas que el gobierno nacional implementa para solventar el crecimiento y la reindustrialización, sin descuidar las necesidades de los distintos sectores sociales." Es por eso que sostienen que, contra lo que se indica desde algunos sectores, "no puede hablarse de una política aislada sino de un encadenamiento de mecanismos que se apuntalan y complementan para lograr el objetivo".
Desde el gobierno nacional también explican que el objetivo del nuevo esquema de administración responde "a una visión amplia de la formación de precios y requiere un análisis completo y profundo de las cadenas de valor de cada uno de los productos, para poder contemplar las necesidades de cada uno de los sectores implicados sin que eso signifique un traslado directo de los costos a los precios".
Así, evalúan que el Estado tendrá la posibilidad de trabajar en base a las necesidades de cada uno de los sectores en particular con estrategias que los contenga, con lo que "asegurarán las condiciones de competitividad en la economía". La consigna es que se logre asegurar el acceso a los productos para todos los sectores.
"La política propuesta procura afianzar la eficacia de la administración de precios y promueve una distribución más justa de los ingresos, consistente con el modelo de desarrollo con inclusión social y mejora de la competitividad de la última década", profundizaron las fuentes consultadas por Tiempo. Además, destacaron que el Estado tiene una decisión política que se transmite con "diseño y puesta en marcha de instrumentos de política industrial y de impulso a la producción local con esquemas de administración del comercio y de financiamiento productivo".
Este avance en la estrategia oficial ya estaba en carpeta pero comenzó a tomar mayor forma cuando el pasado miércoles los supermercados volvieron a reunirse con la Secretaría de Comercio Interior tras la ida de Guillermo Moreno.
Directivos de Coto, Carrefour, Jumbo, Día, Walmart, La Anónima e Hipermercado Libertad se sentaron a la mesa con Kicillof, Costa y la nueva subsecretaria de Comercio Interior, Paula Español. También hubo otra reunión enfocada en los grandes supermercados regionales.
Ahora queda esperar cuál será la respuesta desde el sector privado, siempre atento a las disputas que puede generar la iniciativa entre los diferentes eslabones de la cadena (supermercadistas atan el éxito de cualquier acuerdo a lo que pase desde la industria).
La expectativa del gobierno nacional es que el acuerdo de precios entre en vigor a comienzos del año que viene.