Se aprobó en la sesión legislativa de ayer un proyecto para mejorar el Fuero Contencioso Administrativo de la provincia de Neuquén. El diputado Raúl Podestá, autor de una de las iniciativas vinculadas al tema, actuó como miembro informante y fundamentó el proyecto explicando que el mismo tiene como objetivo modificar la organización de la jurisdicción procesal administrativa que hoy rige en la provincia, con la finalidad de establecer la vigencia efectiva de la Doble Instancia Judicial en el proceso y cumplir al mismo tiempo con el mandato de la Constitución Provincial, introducido por la Convención Constituyente del año 2006.
El mismo busca adecuar el régimen procesal provincial en la materia a lo normado por la Constitución Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica, evitando que pueda declararse la inconstitucionalidad del procedimiento vigente, asegurando la garantía constitucional del debido proceso.
Explicó el legislador que el Pacto de San José de Costa Rica, que integra la Constitución Nacional, establece entre las garantías judiciales que el Estado debe proveer a sus ciudadanos "EL DERECHO DE RECURRIR EL FALLO ANTE JUEZ O TRIBUNAL SUPERIOR". "Es decir que cualquier decisión judicial no se agote en una única instancia, sino por el contrario, que toda decisión judicial pueda ser revisada por otra instancia superior por vía de doble apelación, asegurando de este modo la GARANTÍA DE LA DOBLE INSTANCIA JUDICIAL.
Detalló que en concordancia con el espíritu y la finalidad manifestada por la Convención Constituyente, el proyecto persigue facilitar el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa tanto a los administrados como a los municipios del interior de la provincia, a través de la descentralización territorial de los Juzgados a crearse en la materia, al establecer que –al menos uno- tendrá su asiento en la ciudad de Zapala.
En este punto, se considera que la IIIº Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Zapala, por su ubicación en el centro geográfico de la Provincia, es la más adecuada para la instalación del primer Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo en el interior, a fin de facilitar, a través de la equidistancia geográfica con las restantes sedes judiciales del Interior, el acceso a la Justicia en esta materia.
Podestá cerró su fundamento del proyecto indicando que con la sanción de este proyecto, la provincia de Neuquén se colocará a la vanguardia en materia de procedimientos judiciales, ya que después de haber sancionado y puesto en marcha la reforma procesal penal pondrá ahora en práctica la doble instancia, la descentralización territorial y la inmediatez del acceso a la justicia en materia procesal administrativa" .
Por otro lado fue aprobada una iniciativa enviada por el Tribunal Superior de Justicia para poner un plazo máximo de 9 meses a las instancias de impugnación en causas elevadas a juicio.
El diputado Raúl Podestá fundamentó el acompañamiento del bloque a la iniciativa destacando que "Es necesario "corregir aquellas cosas que haya que corregir para que la justicia cumpla con su cometido". Aludió al problema que generaría la caducidad de las causas pendientes de resolver por parte de la justicia y detalló que tomó contacto actores de la justicia de Zapala, y con familiares de las víctimas, muchos de ellos por delitos sexuales, preocupados por esta posibilidad.
Indicó sin embargo que si bien "es cierta la responsabilidad de la justicia respecto de la falta de conclusión de todos estos casos en los dos años de funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal", es cierto también que los que tenemos una herramienta para poder mitigar los efectos de esta inoperancia que ha habido, somos los diputados y es una responsabilidad enorme aprobarlo o no". "Hemos decidido acompañar porque creemos que esta modificación no lo es a una norma sustancial y ni siquiera del proceso, es simplemente una modificación de los plazos de cumplimiento, entendemos que esto desvirtúa la posibilidad de inconstitucionalidad de lo que vamos a aplicar".
Podestá consideró también, en primer lugar sobre el particular, un acuerdo reciente del TSJ, entendiendo que en los casos de abuso sexual, infantil y de adolescentes resulta de aplicación la Convención Universal de los Derechos del Niño, la Constitución Nacional y la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevaleciendo ante el conflicto de normas de interés y derechos de niños y niñas frente a otros derechos igualmente legítimos. Por otro lado, que la norma proviene del organismo capaz de analizar la constitucionalidad de las leyes y que estos aspectos ya han sido considerados por quienes tienen la máxima responsabilidad.
Adelantó en tanto que en el tratamiento particular el bloque político pedirá una ampliación de la norma, incorporando no solamente las causas la parte de la responsabilidad cumplida, ya que, por lo menos, en Zapala hay causas que no tienen ni siquiera alcanzada dicha etapa.
Fuente: Prensa Frente Grande