En el escrito de presentación solicitaron especialmente medidas tendientes a la desocupación de las 24 unidades habitacionales que están actualmente ocupadas por distintas fuerzas de seguridad.
Concretamente hicieron referencia a distintos hechos de persecución ideológica, vigilancia y espionaje ilegal que sufriría Hugo Reynoso y su familia, quienes habitan la Torre de Periodistas I, acompañados permanentemente por agentes de distintas fuerzas de seguridad federales.
Bullrich y Aguad en la mira.
Por ultimo, señalaron la necesidad de investigar el rol de los actuales funcionarios del gobierno nacional a cargo de Seguridad y Defensa, por considerar que las carteras nacionales no han iniciado tramites internos ni dispuesto colaboración alguna para explicar la permanencia de las fuerzas de seguridad en un edificio de civiles, proyectado originalmente para garantizar viviendas para los periodistas neuquinos.
Al respecto, solicitaran pedidos de informes acerca de las notas enviadas y remitidas desde distintos organismos que a la fecha se encuentran sin contestacion ni respuesta alguna.
Los abogados querellantes Mansilla y Guagliardo explicaron que "el caso de la Torre de Periodistas ya forma parte de lo que nuestra sociedad considera como hechos criminales cometidos durante el terrorismo de Estado y que la permanencia de las fuerzas de seguridad dentro del edificio de Av. Argentina y Periodistas Neuquinos es al mismo tiempo una ofensa a la sociedad neuquina y un monumento a la impunidad que a esta altura resulta repugnante e intolerable."