El escándalo que arrancó en la Policía se proyecta al sector público.
El escándalo de los certificados médicos, revelado por LMN el 29 de septiembre, parece ser la punta de un microemprendimiento delictivo que tiene en el sector público a sus mejores clientes.
Varios de los agentes policiales que quedaron involucrados en la maniobra decidieron aportar mayores detalles en la causa. Así fue como la fiscalía obtuvo el dato de que los certificados truchos no solo se libraban para policías, sino también para empleados del gobierno provincial y el municipal.
Por este motivo es que el fiscal Marcelo Jara remitió un oficio al Centro Administrativo Ministerial (CAM) y también a la oficina de Recursos Humanos del municipio capitalino.
En los oficios se solicita que se remitan los partes médicos de todo el personal de los últimos seis meses que hayan sido firmados por los tres médicos a los que les utilizaron la identidad y la matrícula para falsificar los documentos.
De esta forma, la fiscalía podrá hacer las pericias caligráficas para determinar si se trata de la misma persona que confeccionó los certificados en la policía neuquina.
Por toda la información detallada que entregaron los policías, hay muchas expectativas de que la maniobra se termine transformando en un culebrón en la administración pública.
La trama
Muchas de las investigaciones suelen arrancar por un dato suelto o una epifanía que se tiene frente a una realidad. “Es la misma letra”, advirtió un agente de la división de Carpetas Médicas que depende del departamento de Servicios Sociales de Personal de la Policía. El develamiento se produjo mientras leía los certificados y fue corroborado por sus jefes, que teniendo en cuenta que se trata de un delito de defraudación a la administración pública, notificaron de inmediato a la fiscalía, que avanzó a paso firme en la investigación.
La pericia caligráfica ordenada por Jara dejó muy complicada a una joven agente que elaboró casi un centenar de los certificados analizados. Después, con una decena de certificados, la siguió un empleado de planta política que ya no está en la Policía pero sigue trabajando en otra repartición del gobierno provincial.
Para labrar los certificados, utilizaban el nombre, firma y matrícula de tres médicos que quedaron totalmente sorprendidos cuando fueron citados por la fiscalía y les explicaron el motivo. Los profesionales sumaron su testimonio a la investigación y aprovecharon para denunciar la apropiación ilegal de título e identidad por parte de los policías involucrados.
Pagaban $500 por un certificado
Los certificados se pedían a un celular, a sabiendas de que era una actividad ilegal. En su mayoría, eran por 48 a 72 horas con la finalidad de hacerse de fines de semana largos.
Con los datos del beneficiario se confeccionaban de forma bastante burda, porque en vez de poner un diagnóstico anotaban los síntomas, “tiene fiebre”, algo totalmente irregular.
El certificado se pasaba a retirar por una vivienda particular y se abonaba entre 350 y 500 pesos, dependiendo de la cantidad de días solicitados.