En Comisión de Asuntos Constitucionales se aprobó
esta mañana la creación del Comité Provincial contra la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y Protocolo Facultativo de la Convención,
anticipó el diputado del bloque Frente Grande Nuevo Encuentro Raúl Podestá.
El proyecto original –presentado por distintos
bloques políticos– fue modificado con aportes de la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos (APDH) de Neuquén y de distintos legisladores. Del debate de
esta mañana participó la referente Noemí Labrune, junto a abogados y abogadas
de la Asociación Pensamiento Penal, quienes celebraron la aprobación del texto.
El despacho continuará su tratamiento en las comisiones de Asuntos
Constitucionales y Justicia (A) y de Hacienda y Presupuesto (B).
La diputada Ayelén Gutiérrez (FpV) explicó los
principales cambios que se le hicieron a la redacción original presentada a
fines del año pasado, entre los que figuran la designación de los integrantes
del Comité –que se amplió de 10 a 12–, la vigencia en el cargo –ampliada de dos
a cuatro años– y la remuneración –que será optativa–.
La propuesta implicó el pronunciamiento de
todos los bloques políticos manifestando la adhesión a la iniciativa; así como
también de Noemí Labrune, quien aseguró que la creación del Comité implica
“transformar en acción la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
El Comité provincial contra la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes –creado en el marco de lo
establecido por la Constitución Provincial, la Ley Nacional N°25.932 y las
normas de la ONU– será autárquico y tendrá autonomía funcional, por lo que no
podrá recibir órdenes ni directivas de ninguna otra autoridad.
La composición del Comité será de doce
integrantes, cinco con función administrativa y siete con funciones ejecutivas.
De estos últimos, cinco serán designados a partir de postulantes propuestos por
organizaciones de Derechos Humanos y dos por las dos primeras fuerzas con
representación en la Legislatura. La ciudadanía podrá hacer observaciones y/o
impugnaciones a las postulaciones en un plazo de 20 días desde la publicación
de sus nombres en el Boletín Oficial. Los integrantes tendrán un mandato de
cuatro años, pudiendo ser reelegidos una sola vez, y podrán ejercer sus cargos
en forma ad honorem o percibir una remuneración mensual con carácter de
dedicación exclusiva, a excepción de las actividades académicas. Los gastos que
demande el funcionamiento del órgano serán previstos en el presupuesto anual de
la Administración Pública provincial.