Como consencuencia de la reunión mantenida entre el Sindicato de Prensa de Neuquén y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, Oscar Massei, a mediados de junio, la Justicia estableció un protocolo de acreditación para los trabajadores de prensa en las audiencias penales.
La reunión se llevó a cabo en la sede del tribunal en la calle Alberdi y estuvieron presentes el presidente del TSJ, Oscar Massei, los dirigentes del SPN Oscar Livera y Flavio Ramírez -Comisión Directiva del SPN- , y los periodistas Olga Hevia y Alejandro Lillo.
El encuentro se llevó a cabo para transmitir a las autoridades judiciales la preocupación entre los colegas de prensa que seguirán realizando tareas en los ámbitos judiciales luego de la intimidación sufrida por los trabajadores de prensa en la audiencia judicial que se llevó a cabo como parte de la causa “zona liberada”, donde un policía de la Jefatura neuquina se dedicó a hacer inteligencia a los periodistas que cumplían con su trabajo, filmándolos con su celular.
En la reunión la Comisión Directiva del SPN dejó en claro su repudio ante la inexplicable justificación que hizo -en sus diferentes variantes- el ministro Claudio Gastaminza de la actividad policial de inteligencia sobre periodistas.
Desde la órbita del máximo órgano de Justicia de Neuquén, se ofreció establecer pautas claras para la acreditación de los trabajadores de prensa en las salas de audiencias y la instrucción a los operadores judiciales para que la fuerza policial en la sala trabaje uniformado o debidamente identificado ante los responsables de cada juicio.
El protocolo elaborado por la presidencia del TSJ establece que los medios de comunicación deben acreditar ante las oficinas judiciales a los periodistas que harán la labor en las audiencias.
La acreditación ante la oficina judicial no sólo la puede hacer el empleador, también se puede realizar personalmente con la acreditación que establece la ley 12.908, o la credencial que otorga el Sindicato de Prensa de Neuquén a sus afiliados.
Las oficinas judiciales deberán informar con antelación a los trabajadores acreditados ante cualquier restricción -prevista por ley- que rija para determinadas audiencias penales.