Neuquén, la segunda provincia en indemnizar a cesanteados
Ayer hubo acuerdo unánime en otorgar el resarcimiento. Se votará en agosto. Cada uno cobrará 100 mil pesos.
Neuquén > Los diputados de todos los bloques lograron ayer un acuerdo político para otorgar una indemnización de unos 100 mil pesos a todos los empleados públicos que perdieron su puesto por motivos políticos durante la última dictadura. Gracias a esta resolución unánime, Neuquén se convertirá en la segunda provincia del país en otorgar un resarcimiento a los cesanteados. El proyecto de ley unificado se votaría en la primera sesión de agosto.
El consenso requirió de un mes de reuniones y discusiones, dado que había posturas distintas respecto de quiénes debían cobrar la indemnización. Finalmente, la Comisión de Asuntos Constitucionales votó ayer el despacho por unanimidad y hubo un compromiso expreso de los diputados de acompañar la propuesta para que se pueda votar en sesión a principios del próximo mes.
De confirmarse el respaldo a la ley en el recinto, Neuquén será la segunda provincia del país en otorgar una reparación económica a los cesanteados por la dictadura, después de Mendoza. En la jurisdicción cuyana, la norma se sancionó en 2006 y, a la fecha, cobraron su indemnización más de mil personas.
En nuestra provincia no hay una estimación sobre la cantidad de beneficiarios que tendrá la medida. Por eso, el proyecto prevé crear un registro que funcionará durante 9 meses, para que se inscriban todos los interesados o sus herederos. De certificar la persecución política, cada damnificado cobrará unos 100 mil pesos, que se imputarán al presupuesto de 2014.
La iniciativa abarca tanto a los exonerados por decreto como a quienes debieron renunciar por intimidaciones, siempre que se reúna la documentación necesaria para acreditar que perdieron el empleo por motivos políticos. Comprende el lapso desde el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983.
Quedarán exceptuados del resarcimiento los que fueron reincorporados menos de un año después del despido y los que integraron fuerzas represivas o colaboraron con la dictadura como informantes.
Ayer abundaron las expresiones de satisfacción por el acuerdo logrado y hasta hubo quienes pidieron saltear los pasos institucionales para apurar la sanción de la norma. Sólo se produjeron cruces a la hora de definir qué diputados actuarán de oradores cuando se vote la ley. Finalmente se decidió que hablen el presidente de la comisión, José Russo (MPN), la autora del proyecto, Amalia Jara (PJ), y el diputado Daniel Baum (Unión Popular).